Bolivia ingresa a la “lista gris” del GAFI: lagunas legales y riesgo de sanciones financieras

El pasado viernes 13 de junio de 2025, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incorporó a Bolivia en su “lista gris” de jurisdicciones bajo vigilancia reforzada. Esta advertencia surge tras la conclusión de la segunda sesión anual del organismo, realizada en Estrasburgo, Francia, en la que se evidenciaron deficiencias en la normativa nacional contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

⚠️ ¿Qué implica estar en la lista gris?

Formar parte de este grupo significa que Bolivia será sometida a un escrutinio más estricto. Instituciones financieras internacionales —como bancos, fondos de inversión y aseguradoras— están obligadas a aplicar protocolos adicionales para operar en el país. Esto puede traducirse en experiencias más complejas para inversores, encarecimiento de servicios financieros y mayores obstáculos para acceso a créditos internacionales.

Según analistas, el ingreso al listado podría afectar la reputación de Bolivia ante los mercados, encarecer la deuda soberana y restringir el financiamiento externo, justamente cuando el país lo necesita para enfrentar la crisis económica y hacer frente a un panorama de alta inflación y déficit fiscal.

🧩 Principal laguna: la ley pendiente

El Gobierno atribuyó la decisión del GAFI a la inexistencia de una ley clave: la normativa que debía incluir “técnicas especiales de investigación” para perseguir a los beneficiarios finales de transacciones sospechosas. Este proyecto, conocido como la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, fue rechazado en la Asamblea Legislativa en 2021 ante presiones políticas y sociales.

La asesoría oficial sostiene que Bolivia cumplió con más del 90 % de las recomendaciones del GAFI y GAFILAT, pero quedó pendiente precisamente esa norma esencial. Sin ella, la institucionalidad no puede actuar con la contundencia exigida para desarticular redes de lavado y financiamiento del terrorismo.

🛡️ Gobierno denuncia “sabotaje político”

El Ministerio de Economía calificó la paralización legislativa como un “sabotaje político” ejercido por sectores opositores, gremiales e incluso por corrientes internas del oficialismo. Según el comunicado oficial, el rechazo a la ley fue impulsado por desinformación, movilizaciones y alarmismo político, incluso en el marco del Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2024.

El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, afirmó que esta situación daña gravemente la confianza de inversionistas y calificadoras de riesgo, ya que limita la posibilidad de financiamiento externo y deja a Bolivia en una posición de “alto riesgo”.

🔍 Compromisos para salir de la lista gris

Bolivia, consciente de los riesgos, asumió una serie de obligaciones ante el GAFI y GAFILAT. Entre ellas:

• Promulgar de inmediato la ley pendiente que establezca técnicas especiales de investigación.
• Implementar supervisión basada en riesgos para sectores vulnerables como inmobiliarias, abogados y contadores.
• Asegurar el registro veraz de beneficiarios finales y sancionar incumplimientos.
• Incrementar las investigaciones y procesos judiciales en casos de legitimación de ganancias ilícitas.

Aunque el GAFI reconoció avances significativos en inteligencia financiera, decomisos y comprensión de riesgos, subrayó que estas medidas son imprescindibles para cumplir las normas internacionales.

🌐 Impacto económico y político

La entrada a la lista gris llega en un momento complicado para Bolivia, afectada por alta inflación, déficit fiscal cercano al 10 % del PIB y una profunda crisis política marcada por protestas y bloqueos. En este entorno, el freno al financiamiento externo puede dificultar la inversión pública y privada, encarecer créditos internacionales e incluso agravar la brecha de divisas necesarias para la importación.

A su vez, atenta contra las estrategias del Gobierno para estabilizar la economía antes de las elecciones de agosto, que ya están ensombrecidas por incertidumbre y polarización. El riesgo de deterioro institucional aumenta si el Legislativo no aprueba las normas pendientes.