Economistas piden al Gobierno congelar el gasto público y cerrar financiamiento del BCB para frenar la inflación

En el marco de una inflación que ya alcanzó el 9,81 % hasta mayo de 2025, varios economistas vienen reclamando al Gobierno encabezado por el MAS que adopte medidas urgentes para frenar la escalada de precios y evitar una posible crisis social y económica. Entre sus propuestas destacan: congelar el gasto público, suspender los préstamos del Banco Central de Bolivia (BCB) al Tesoro y hacer transparentes las cifras financieras del país.

El argumento central de los analistas es que el incremento desmedido del gasto público —junto con la emisión monetaria que lo financia— ha sido el principal motor de la inflación. De hecho, se estima que la brecha entre el déficit fiscal real (cercano al 9,9 % del PIB) y lo proyectado por el Estado (8 %) explica gran parte del aumento de precios provocados por mayores líquidos en circulación . Hasta 2023, se informó que la deuda pública con el BCB superó el 95 % del PIB y, al 2024, se mantenía en niveles similares.

El economista Gonzalo Chávez se pronunció en redes sociales, calificando este financiamiento como una “especie de cajero automático de la Gestora Pública”, una fuente sin control real que contribuye a la percepción de una hiperinflación latente. Según Chávez, “la inflación se está convirtiendo cada vez más en un fenómeno monetario” debido a la inyección excesiva de bolivianos para mantener programas estatales y cubrir déficits fiscales.

Por su parte, Fernando Romero y otros economistas coinciden en que si no se recorta el gasto público y se interrumpe el financiamiento estatal vía emisión monetaria, el país se enfrenta a un escenario convulso, con presiones inflacionarias que podrían superar el 25 % anual .

Otro aspecto crítico es la llamada “pérdida de credibilidad” en las instituciones encargadas de la política económica. Se considera que todos estos mecanismos de gasto sin respaldo impactan negativamente en la confianza de inversionistas y ahorristas, lo que agrava la fuga de depósitos y mantiene la cotización del dólar paralelo elevada .

Aunque el Gobierno atribuye el déficit fiscal a factores externos (alza de los precios internacionales y condonaciones), reconoce que parte significativa del gasto ha sido financiado internamente por el BCB, al no aprobarse créditos externos por más de 1.800 millones de dólares en la Asamblea Legislativa.

La advertencia de los economistas no es menor: ante la ausencia de recortes al gasto, suspender la colocación de deuda interna y mejorar la transparencia fiscal, la presión inflacionaria podría desbordarse, con consecuencias para la población más vulnerable. La Fundación Jubileo ha señalado que la pobreza extrema y moderada han aumentado entre un 5 % y 8 %, cuando se ajustan las cifras por inflación, demostrando que la crisis económica ya golpea de lleno a los sectores de menores ingresos.

Frente a eso, las recomendaciones específicas incluyen:

• Congelar el gasto corriente hasta transparentar los presupuestos y verificar su efectividad.
• Detener el financiamiento interno vía BCB, tanto a las arcas del Tesoro como a empresas estatales.
• Contener o eliminar los subsidios a los combustibles, que representan una carga fiscal considerable.
• Reestructurar la deuda, privilegiando el financiamiento externo de bajo costo y plazo frente a los créditos internos.
• Mejorar la coordinación entre política fiscal y monetaria, garantizando autonomía técnica del BCB y evitando emisión monetaria para cubrir déficit.

Sin embargo, por ahora no se han anunciado cambios estructurales ni recortes significativos. El Gobierno ha señalado que las medidas se están estudiando, y que una reducción abrupta del gasto podría afectar la ejecución de programas sociales prioritarios.

El país se encuentra en una encrucijada: seguir financiando el gasto público con deuda interna y pérdida de reservas, o dar pasos hacia un ajuste responsable que preserve la macroeconomía y recupere la confianza socioeconómica.